La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha informado sobre un brote de intoxicación alimentaria en el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Refugiados (CREADE) en Pozuelo de Alarcón. Hasta el momento, se han visto afectadas 142 personas de las 600 expuestas, lo que representa una tasa de ataque del 23%.
Tras una investigación, se ha determinado que la gastroenteritis de origen alimentario se debió a deficiencias significativas en la manipulación de alimentos proporcionados por el servicio de catering a cargo de los menús. Este centro, gestionado por la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), es uno de los cuatro habilitados en España para la atención de migrantes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La empresa de catering responsable es ‘Concuidado Suma y Sigue’. El brote de gastroenteritis se detectó el día 4, con síntomas que comenzaron a desarrollarse a partir de las 23 horas del día anterior. Se sirvieron fabes con verduras y filete de pollo para la comida, y sopa de tomate y roti de pollo a la española para la cena.
Los resultados de la inspección señalan que la intoxicación alimentaria fue causada por toxinas de ‘Bacillus cereus’ y ‘Clostridium perfringens’. Se constató el incumplimiento de las normas de seguridad alimentaria durante la inspección. Afortunadamente, los afectados no requirieron hospitalización y presentaron un cuadro de gastroenteritis aguda autolimitada que duró entre 24 y 48 horas.
En la misma semana, se reportaron otros dos brotes de gastroenteritis aguda de origen alimentario en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos ocurrió en la residencia infantil Nuestra Señora de Lourdes en Torrelodones, que también proporciona servicio de comedor a la escuela infantil El Tomillar. Este brote, que afectó a niños y educadores, se atribuyó a una ruptura en la cadena de frío de uno de los alimentos del menú.
Es importante mantener altos estándares de manipulación de alimentos y seguir los protocolos de seguridad alimentaria para prevenir futuros brotes de intoxicación alimentaria que puedan afectar a la salud de las personas en centros de acogida y residencias.
