El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tomado una decisión trascendental al anular las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital española. Esta medida afecta directamente a la movilidad sostenible en Madrid, especialmente en las áreas de ‘Distrito Centro’ y ‘Plaza Elíptica’. La sentencia, fechada el 17 de septiembre, suspende ciertos aspectos de la ordenanza que regula la movilidad en la ciudad, específicamente aquellas partes que delimitan el alcance de las ZBE y ZBEDPE en todo el municipio.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, que cuestionaba la insuficiencia de los informes previos a la aprobación de la Ordenanza. Aunque se rechazan algunas alegaciones, se reconoce la falta de un análisis adecuado del impacto económico de las medidas adoptadas.
Los magistrados no ponen en duda la autoridad de la administración municipal para implementar medidas que protejan la salud y el medio ambiente, pero sí recalcan la importancia de considerar el principio de transición justa. Este principio busca garantizar que las medidas adoptadas no afecten de manera desproporcionada a los colectivos más vulnerables económicamente, como aquellos que tienen dificultades para acceder a vehículos más ecológicos.
La sentencia destaca la falta de valoración de las consecuencias económicas de las medidas, especialmente en relación con los vehículos profesionales y las empresas de menor capacidad económica. Se hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta la situación de los autónomos, las microempresas y las pymes, que podrían enfrentar dificultades para renovar sus vehículos debido a las restricciones impuestas por la Ordenanza.
En resumen, la sentencia del TSJM contra las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid subraya la importancia de considerar el impacto económico y social de las medidas medioambientales. Aunque esta resolución aún no es definitiva, abre la puerta a posibles recursos de casación ante el Tribunal Supremo. La decisión final tendrá repercusiones significativas en la política de movilidad sostenible en la capital española.
