La historiadora Alina Bárbara López fue expulsada de la Uneac por criticar a la alta dirigencia de la Revolución y mostrar solidaridad con el movimiento del 11 de julio. Según López, la decisión se le comunicó verbalmente durante una reunión en el Comité Provincial de la Uneac en Matanzas. A pesar de que se le dijo que la decisión era inapelable, la intelectual argumenta que la medida parece más dictada por agentes de Seguridad del Estado que por escritores y artistas.
López señala que no se le entregó ningún documento que respaldara la decisión y que tuvo que exigir que le leyeran el contenido del texto. Durante su intervención, aclaró que el estallido social del 11J no fue estructurado y ha reclamado la liberación de los presos, aunque no justifica los actos de vandalismo. Respecto a las acusaciones de actos contra la Revolución, López afirma que nunca ha apelado a la violencia y que ejerce sus derechos constitucionales de libertad de expresión y manifestación pacífica.
La historiadora cuestiona las acusaciones de violaciones del Código Penal y critica a la Uneac por tomar decisiones sin argumentarlas legalmente. Considera que la organización es peor que todo el aparato represivo nacional y cuestiona por qué una entidad intelectual debe obedecer a estatutos de una organización política a la que no todos sus miembros pertenecen.
La Uneac ha utilizado la expulsión y las sanciones a sus miembros como herramienta política desde sus inicios en 1961, con casos destacados como el de Guillermo Cabrera Infante. Actualmente presidida por Luis Morlote, la organización ha reforzado su control ideológico y ha expresado su lealtad al régimen en comunicados oficiales.
En resumen, la expulsión de Alina Bárbara López de la Uneac ha generado controversia y críticas a la organización por su falta de transparencia y aparente influencia de entidades gubernamentales en sus decisiones. La situación destaca la tensión entre la libertad de expresión y la lealtad política en el ámbito intelectual y artístico de Cuba.
