La Guardia Civil ha descubierto una red de extracción ilegal de agua en Villanueva de la Cañada, Madrid, que ha causado daños por valor de más de 1,5 millones de euros. Tres expresidentes de una comunidad de vecinos han sido encausados por extraer agua de pozos ilegales, siendo acusados de usurpación del dominio público hidráulico, contra el medio ambiente y estafa.
La Unidad Central del Medio Ambiente del Seprona emitió un informe técnico que valoró los daños medioambientales en más de 1,5 millones de euros, mientras que la defraudación a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) se estima en 2,7 millones. Esta situación ha generado preocupación debido a la sobreexplotación de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, en la región.
Investigación y Descubrimiento
La investigación se inició cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) realizaron una inspección junto con la CHT. Durante la inspección, se descubrió un sondeo autorizado que había sido manipulado y otro pozo ilegal que extraía agua sin control desde al menos 2006. El pozo autorizado presentaba un sistema de recirculación para alterar la facturación del agua, mientras que el sondeo no declarado abastecía a la urbanización.
Esta red de extracción ilegal de agua ha estado operando durante años, superando los límites legales y causando daños significativos al medio ambiente y a la infraestructura hídrica de la región. La falta de control y supervisión ha permitido que esta situación se prolongue, afectando negativamente a la comunidad y al ecosistema local.
Impacto Ambiental y Económico
Los cálculos realizados por los investigadores revelaron que la cantidad anual de agua extraída de manera irregular asciende a unos 85.000 metros cúbicos, lo que equivale al llenado de 34 piscinas olímpicas por año. Este nivel de extracción excesiva ha provocado un daño significativo a los recursos hídricos locales y al ecosistema circundante.
Además, el fraude cometido por la comunidad de vecinos al exceder los metros cúbicos autorizados se ha valorado en 160.000 euros anuales. Se ha descubierto que utilizaron un sistema para alterar las mediciones reales y ocultar la magnitud de la extracción ilegal de agua. Este comportamiento irresponsable ha tenido un impacto económico negativo en la región, generando pérdidas significativas para las autoridades competentes.
La Guardia Civil continúa realizando inspecciones preventivas para detectar captaciones ilegales de agua que provocan la sobreexplotación de recursos hídricos en la región. A través del Seprona, como órgano especializado en la protección del medio ambiente, se están tomando medidas para prevenir futuros casos de extracción ilegal de agua y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos en Villanueva de la Cañada y sus alrededores.
En resumen, la extracción ilegal de agua en Villanueva de la Cañada ha sido un problema persistente que ha causado daños significativos al medio ambiente y a la economía local. Es fundamental que se tomen medidas inmediatas para abordar esta situación y garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos en la región. La cooperación entre las autoridades competentes, las comunidades locales y los expertos en medio ambiente es esencial para proteger nuestros recursos naturales y preservar el equilibrio ecológico de la zona.
