El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha vuelto a presentar una denuncia ante la Justicia contra la licitación de la estación de la L9 de Metro en los desarrollos de Ahijones y Los Berrocales en Madrid. La Comunidad de Madrid ha vuelto a sacar a licitación este proyecto por procedimiento negociado sin publicidad después de que la convocatoria presentada en febrero quedara desierta. El Ayuntamiento de Rivas, que ya había presentado una batalla en la primera ocasión, ha vuelto a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
**El conflicto en Rivas por la estación de la L9**
El Ayuntamiento de Rivas ha iniciado una nueva lucha contra lo que considera un perjuicio para la ciudadanía ripense, especialmente en lo que respecta al nuevo transbordo que obligaría a más de 3.000 residentes a realizar una conexión adicional para tomar el Cercanías en Puerta de Arganda. Ante esta situación, desde el Ayuntamiento se solicita nuevamente la paralización de la licitación y del proyecto, argumentando que su ejecución generaría una situación difícil de reparar para la población de Rivas.
El presupuesto base de licitación para esta estación es de 352.717,37 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 14 meses, con el inicio de las obras previsto para principios de 2027. Se estima que la estación esté operativa en 2029 y se ubique entre Puerta de Arganda y Rivas Urbanizaciones, donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid contempla una reserva de suelo para este fin.
**El impacto en los vecinos de Rivas**
La ejecución de este proyecto podría ser perjudicial para los vecinos del municipio, ya que implicaría la reubicación del transbordo de la Línea 9 en la futura estación de Los Berrocales. Esto añadiría un transbordo adicional a los residentes de Rivas que ya deben hacer una conexión en Puerta de Arganda para acceder al Cercanías. La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha expresado su preocupación por la insistencia de la Comunidad en este proyecto, a pesar de las denuncias previas presentadas por el Ayuntamiento.
Castillejo ha señalado que el incumplimiento de la palabra por parte de la Comunidad de Madrid es evidente, ya que tras la primera denuncia, el consejero de Transportes había asegurado que no habría transbordos. Sin embargo, la propuesta sigue adelante, lo que lleva al Ayuntamiento a tomar medidas legales para proteger los intereses de los habitantes de Rivas.
**Reclamos del Ayuntamiento de Rivas**
Desde el Ayuntamiento de Rivas se insiste en la importancia de una buena conexión con la red de Cercanías para facilitar los desplazamientos entre Rivas, el Corredor del Henares y Madrid capital. Se denuncia que el proyecto actual encubre un cambio en la prestación del servicio a través de lo que parece ser la construcción de una nueva estación de Metro, lo cual podría afectar negativamente a los usuarios habituales de la Línea 9 en la zona.
El Ayuntamiento recuerda que miles de personas utilizan diariamente las estaciones de metro en Rivas, y que la gran mayoría de ellos realizan transbordos con la red de Cercanías por motivos laborales, de cuidado o estudios. La imposición de un nuevo transbordo forzado por este proyecto sería perjudicial tanto en términos de tiempo de viaje como en recursos económicos para los residentes de Rivas.
**Posición del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras**
Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha reiterado en varias ocasiones que una vez se construya la nueva estación, no habrá transbordos en toda la línea. Además, el Gobierno regional tiene previsto que Metro asuma la gestión de la Línea 9B (Puerta de Arganda-Arganda del Rey) en 2029, al finalizar la concesión actual por parte de TFM (Transportes Ferroviarios de Madrid).
En resumen, el conflicto entre el Ayuntamiento de Rivas y la Comunidad de Madrid por la estación de la L9 en los desarrollos de Ahijones y Los Berrocales continúa, con el municipio defendiendo los intereses de sus habitantes frente a lo que considera decisiones perjudiciales para la ciudadanía ripense.
