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El año pasado, un total de 85.884 personas se beneficiaron de la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid, lo que representa un aumento del 4,4% en comparación con el año anterior. Esta importante cifra refleja la relevancia y la necesidad de este servicio para aquellos que cuentan con menos recursos y son más vulnerables.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado un acuerdo con los colegios oficiales de la Abogacía de Madrid, de Abogados de Alcalá de Henares y de Procuradores de Madrid para fortalecer la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio. Este acuerdo incluye aumentos en los baremos y compensaciones por guardias, así como un incremento en la inversión destinada a este fin, alcanzando los 66,6 millones de euros en 2027.

Durante un acto celebrado en la Real Casa de Postas, la dirigente regional destacó la importancia de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia de manera eficiente y profesional, las 24 horas del día, todos los días del año. En este sentido, resaltó el papel fundamental que juegan los más de 6.000 abogados y procuradores que prestan servicio en la Comunidad en la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio.

El convenio firmado contempla diversas iniciativas, como una subida lineal de los baremos, un aumento en las compensaciones económicas por las guardias especiales y el impulso de actuaciones de digitalización para mejorar la participación y comunicación de los ciudadanos y profesionales con la Administración de Justicia.

Además, se registraron expedientes relacionados con distintos ámbitos legales, siendo los más numerosos los relacionados con el orden penal (60%), civil (24%), contencioso administrativo (8%) y social (7%).

Los decanos de los colegios de procuradores y abogados involucrados en el acuerdo han destacado el esfuerzo conjunto para lograr este pacto que beneficiará a las personas que requieren de este servicio. Se resalta la importancia de brindar una justicia asequible, accesible, digna y eficaz, sin distinción por motivos económicos.

En definitiva, este acuerdo representa un avance significativo en la mejora de la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid, beneficiando a miles de personas y fortaleciendo el trabajo de los abogados y procuradores que ejercen el turno de oficio.