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Protección indefinida de viviendas públicas: Más Madrid y PSOE proponen cambios en la normativa

En un intento por garantizar la estabilidad y el acceso a la vivienda pública en la Comunidad de Madrid, los partidos de oposición Más Madrid y PSOE han unido fuerzas para solicitar un cambio significativo en la normativa actual. Actualmente, las viviendas públicas construidas por administraciones públicas en la región tienen una protección máxima de 15 años, lo que significa que una vez transcurrido este periodo, pueden quedar desprotegidas y entrar en el mercado inmobiliario sin restricciones.

Ante esta situación, Más Madrid y el PSOE han propuesto modificar la normativa para que la protección de estas viviendas sea indefinida, asegurando que permanezcan fuera del «mercado de la especulación» y que sigan estando «al servicio del derecho a la vivienda» de los madrileños de por vida. Esta medida pretende garantizar la estabilidad y seguridad de los hogares de aquellos que más lo necesitan, evitando que se vean afectados por fluctuaciones del mercado inmobiliario.

La propuesta de ambos partidos políticos insta al Gobierno autonómico, liderado por Isabel Díaz Ayuso, a llevar a cabo las reformas legales necesarias para blindar la protección de la vivienda pública en la región. En un momento de emergencia habitacional, con miles de viviendas públicas a punto de ser puestas en el mercado, es crucial garantizar que estas permanezcan como una opción asequible y segura para los ciudadanos.

Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, ha destacado la importancia de esta reforma, asegurando que con ella se garantiza que toda la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid mantenga su protección de forma indefinida. Por su parte, Más Madrid también respalda esta iniciativa y buscará asegurar este blindaje a través de una proposición no de ley.

La respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar, rechazando las propuestas de la oposición al considerar que afectan a la seguridad jurídica. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado que no se pueden permitir medidas que introduzcan incertidumbre en el mercado inmobiliario y ha criticado las leyes de Vivienda propuestas por el Ejecutivo central, calificándolas de ineficaces.

En este sentido, García Martín ha defendido la postura del Gobierno regional, destacando que Madrid es la comunidad autónoma que más vivienda protegida construye en toda España. Para él, la clave para reducir los precios de los pisos es aumentar la oferta en el mercado, en lugar de imponer restricciones que puedan desincentivar la inversión y el desarrollo inmobiliario en la región.

A pesar de las diferencias de opinión, la propuesta de Más Madrid y PSOE ha generado un debate sobre la importancia de garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos. El futuro de la vivienda pública en la Comunidad de Madrid dependerá de las decisiones que se tomen en relación con la protección y regulación de estos inmuebles, buscando un equilibrio entre la seguridad jurídica y la justicia social.