La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una sentencia el 17 de septiembre de 2024, en la que anuló varios preceptos de la Ordenanza 10/2021, del 13 de septiembre, que modificaba la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, promulgada el 5 de octubre de 2018.
La sentencia específicamente invalida las partes de la Ordenanza que definen el alcance de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio de Madrid, así como aquellas que establecen las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) en los sectores de «Distrito Centro» y «Plaza Elíptica». No obstante, se mantienen vigentes el resto de los artículos, incluidos aquellos que hagan referencia a posibles futuras ZBE y ZBEDPE.
La Asociación Europea de Automovilistas (AEA) ha recordado que el mes pasado solicitó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la aprobación de una moratoria de al menos dos años para la prohibición de acceso y circulación en las vías públicas de Madrid ZBE, programada para el 1 de enero. Esta medida afectaría a dos de cada tres vehículos en la capital, según estimaciones de la AEA.
La solicitud de la AEA se basó en argumentos similares a los utilizados por el TSJM para anular las zonas de bajas emisiones, argumentando que la ordenanza de movilidad no consideró adecuadamente las implicaciones económicas y sociales de la medida, incumpliendo el principio de proporcionalidad en la actividad administrativa restrictiva de derechos.
La AEA alertó al alcalde sobre el posible impacto económico y social en cientos de miles de propietarios de vehículos sin etiqueta en Madrid, quienes cumplen con las normas de emisiones y pagan impuestos correspondientes, pero que podrían quedar imposibilitados de circular o estacionarse en la ciudad a partir del 1 de enero, con multas de 200 euros en caso de incumplimiento.
La AEA buscará la suspensión inmediata de las multas y la devolución de lo recaudado. Aunque la sentencia no es definitiva, la AEA espera que el Ayuntamiento no la apele, ya que considera que está bien fundamentada según la jurisprudencia de la UE y del Tribunal Supremo de España. Se pedirá la paralización urgente de las multas impuestas por acceder a las ZBE y la devolución de las cobradas, estimando que se han impuesto más de 1,760,000 multas, por un valor total de más de 330 millones de euros.
Subheading: Argumentos de la AEA
La AEA fundamenta su solicitud de moratoria y devolución de multas en la falta de consideración de las implicaciones económicas y sociales de las zonas de bajas emisiones por parte del Ayuntamiento de Madrid, lo que resulta en una medida desproporcionada que afecta a un gran número de ciudadanos.
La asociación destaca que los propietarios de vehículos sin etiqueta cumplen con las regulaciones de emisiones y pagan sus impuestos correspondientes, por lo que la prohibición de circular por las zonas de bajas emisiones tendría un impacto significativo en su movilidad y sus finanzas, sin una justificación clara de la proporcionalidad de la medida.
Subheading: Impacto económico y social
El potencial bloqueo de acceso a las zonas de bajas emisiones para un gran número de vehículos en Madrid podría generar un impacto económico y social considerable en la ciudad. La imposibilidad de circular o estacionar vehículos sin etiqueta afectaría a cientos de miles de propietarios, quienes cumplen con la normativa vigente pero se verían penalizados por la nueva regulación.
Esta situación podría derivar en un problema económico para los ciudadanos afectados, quienes verían limitada su movilidad y podrían enfrentar sanciones económicas significativas por incumplir la normativa de las zonas de bajas emisiones. La devolución de las multas cobradas se presenta como una medida necesaria para mitigar el impacto negativo de la aplicación de las zonas restringidas.
Subheading: Recurso de la AEA
La AEA espera que el Ayuntamiento de Madrid no recurra la sentencia que anula las zonas de bajas emisiones, ya que considera que está basada en argumentos sólidos respaldados por la jurisprudencia tanto nacional como europea. La asociación solicitará la suspensión inmediata de las multas impuestas y la devolución de las ya cobradas, con el objetivo de proteger los derechos e intereses de los ciudadanos afectados por las medidas restrictivas de movilidad en la ciudad.
