El PSOE-M ha iniciado una campaña en los ayuntamientos de la región en busca de apoyo para declarar zona tensionada de vivienda a aquellos municipios que cumplen con los requisitos de la Ley estatal de Vivienda. A pesar de la negativa de la Comunidad de Madrid, varios municipios como Getafe, Alcorcón, Parla, Fuenlabrada y ahora Rivas Vaciamadrid han solicitado esta declaración.
El Ayuntamiento de Rivas, gobernado por la coalición de IU-Más Madrid-Equo y el PSOE, ha registrado formalmente la petición para ser reconocida como zona tensionada de vivienda. La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha destacado la importancia de obtener más herramientas para hacer frente a la crisis de vivienda que afecta a España y a Rivas en particular.
La colaboración entre administraciones es fundamental para abordar este problema. El Ayuntamiento de Rivas ha trabajado en la construcción de 83 nuevas viviendas de alquiler destinadas principalmente a jóvenes, pero se necesitan más medidas para combatir la falta de vivienda asequible.
Las herramientas que se podrían aplicar en una zona tensionada de vivienda incluyen la prórroga anual de contratos de alquiler, mantener el mismo precio de alquiler para nuevos inquilinos, y la movilización de viviendas vacías mediante incentivos fiscales.
La Comunidad de Madrid debería considerar esta declaración para permitir que todos los recursos disponibles se utilicen en la lucha contra la crisis de vivienda. Mejorar la Ley de Vivienda a nivel estatal es esencial para que todas las administraciones, incluida la Comunidad de Madrid, puedan contribuir a resolver este problema.
A pesar de la negativa del Gobierno de Ayuso, los municipios que buscan ser declarados zona tensionada de vivienda no se rinden. El PSOE planea presentar una iniciativa legislativa municipal en la Asamblea de Madrid una vez que cuenten con el apoyo de todos los alcaldes interesados.
La iniciativa legislativa municipal enfrentará la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, pero el PSOE está decidido a seguir adelante. La colaboración entre los diferentes niveles de gobierno es clave para abordar la crisis de vivienda y garantizar que todos tengan acceso a una vivienda digna y asequible.
