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Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid han alcanzado una cifra récord el año pasado, con un total de 117,959 peticiones gestionadas, lo que representa un aumento del 9.8% en comparación con el año anterior. Este dato fue resaltado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante la presentación de la memoria anual de este servicio público en la sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas de la capital.

El informe reveló que los expedientes registrados estaban mayormente relacionados con el orden Penal, representando el 60.15% del total, seguido por los casos de índole Civil (24.23%), Contencioso Administrativo (8.51%) y Social (7.1%). La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita recibió un total de 8,428 llamadas y 152 consultas presenciales a través del servicio público 012, atendiendo a los ciudadanos en las diferentes oficinas de Atención al Ciudadano.

Para garantizar este derecho fundamental recogido en la Constitución Española, el Gobierno regional ha destinado una inversión de 56.3 millones de euros este año, lo que representa un incremento del 9.2% respecto al año anterior. García Martín destacó que mientras el Ejecutivo central invierte 6,39 euros por habitante, en Madrid se destinan 8,18 euros. Este aumento incluye la subida de los honorarios de los abogados en un 4% y la creación de cuatro nuevos baremos por actuaciones profesionales no contempladas anteriormente en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

En este sentido, el consejero agradeció a los letrados y procuradores del turno de oficio por su labor en hacer efectivo el derecho a una defensa jurídica a aquellos ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos, así como a la representación procesal los 365 días del año. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de contar con más funcionarios, señalando que el año pasado se solicitaron 470 plazas al Ministerio, pero solo se asignaron 174, insuficientes para cubrir la tasa de reposición. En este año, se han solicitado 629 plazas adicionales.

Impacto en la Sociedad

La creciente demanda de asistencia jurídica gratuita en Madrid refleja la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica. Este servicio juega un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas más vulnerables y en la promoción de la igualdad ante la ley.

Además, el aumento de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita también pone de manifiesto la importancia de contar con un sistema eficiente y bien financiado que pueda hacer frente a la creciente demanda de servicios legales. La inversión realizada por el Gobierno regional demuestra su compromiso con la justicia social y el Estado de Derecho.

Retos y Desafíos

A pesar de los esfuerzos realizados por la Comunidad de Madrid para garantizar el acceso a la justicia gratuita, todavía existen retos y desafíos pendientes. Uno de los principales desafíos es la falta de recursos humanos, como lo señaló el consejero García Martín. La insuficiencia de funcionarios puede afectar la calidad y la eficiencia de los servicios prestados, lo que a su vez puede repercutir en los tiempos de espera y en la atención a los ciudadanos.

Otro reto importante es la necesidad de seguir mejorando y ampliando los servicios de asistencia jurídica gratuita para abarcar nuevas áreas y necesidades legales de la población. La creación de nuevos baremos por actuaciones profesionales no contempladas anteriormente es un paso en la dirección correcta, pero se requiere una evaluación constante de las necesidades de la sociedad y una adaptación continua de los servicios ofrecidos.

Conclusiones

En conclusión, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita en Madrid han alcanzado una cifra récord, lo que refleja la importancia de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. El aumento de la inversión en este servicio por parte del Gobierno regional es un paso positivo en la dirección de la igualdad y la justicia social. Sin embargo, es necesario seguir trabajando en la mejora y ampliación de los servicios de asistencia jurídica gratuita para satisfacer las necesidades legales de la población de manera efectiva y eficiente.